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BUENOS AIRES (EFE). En un oficio enviado al juez federal Sebastián Casanello, el presidente de la UIF, Mariano Federici, ahonda en la “presunta existencia” de una escucha al ya detenido empresario Lázaro Báez, excolaborador de Néstor Kirchner (2003-2007) y contratista de obra pública durante los 12 años de Gobiernos kirchneristas.
En esa conversación, difundida por medios argentinos, Báez, en prisión preventiva desde 2016 en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, dirigida por Casanello, habría indicado que “todo” lo que tuvo (fortuna económica) era del expresidente Kirchner , fallecido en 2010 de un paro cardiaco.
“Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás de la forma adecuada que él quiso que lo administrara”, destaca la UIF de esa presunta declaración, que “de corroborarse”, se sumaría a las pruebas que ya obran en la causa.
En noviembre de 2018, el juez Casanello dictó la “falta de mérito” de la expresidenta en la causa, en la que se investiga un supuesto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo.
Se establece “falta de mérito” cuando el juez considera que no hay pruebas suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer al imputado.
No es una medida definitiva, ya que en caso de que en el futuro surjan nuevas pruebas el imputado puede ser indagado otra vez y procesado.
Fernández –ya procesada en diversas causas, la mayoría por corrupción– tuvo que acudir a declarar por la “Ruta del dinero k” en septiembre pasado –cuando negó por escrito todos los cargos–, después de que un tribunal superior instase a Casanello a citarla, ya que este siempre rechazó hacerlo.
“En efecto, esta nueva prueba (la escucha) permitirá a V.S. apartarse de la duda que lo llevó a dictar la falta de mérito de la imputada y en cambio optar por resolver su procesamiento”, argumentó el presidente de la UIF.
Según añade el oficio, “se ha corroborado el vertiginoso proceso por el cual Lázaro Báez se convirtió en el titular de un enorme grupo empresario ligado a la obra pública, con el amparo y la protección de Néstor y Cristina Kirchner”.
El primer juicio por presunta corrupción contra Cristina Fernández comenzó la semana pasada en Buenos Aires en medio de gran expectación política e informativa.
La expresidenta está acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública. En octubre de 2017 obtuvo una banca en el Senado, que le permitió obtener los fueros necesarios para blindarse ante la Justicia.