El país caribeño tenía hasta el 1 de diciembre de este año para cumplir con los requisitos exigidos por el tratado que incluyen acuerdos económicos, de derechos humanos e inmigración en el grupo integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y el peso pesado regional, Brasil.
La suspensión no significa sanciones contra Venezuela, sino que aparta al Gobierno de Nicolás Maduro de las reuniones y negociaciones del bloque al no ser un miembro pleno, sino un estado en proceso de adhesión, que no ha cumplido todos los requisitos.
El presidente Maduro había rechazado la determinación y la calificó de “golpe de Estado”, en tanto afirmó que de todos modos ejercían la presidencia del bloque regional.
Maduro afirmó que, además de seguir ejerciendo la presidencia pro tempore, como asegura está haciendo desde mediados de 2016, ha incorporado 1.479 normas del Mercosur a la reglamentación legal interna, lo que equivale a un 95% de la legislación que los estados deben cumplir para su adhesión.
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