La decisión fue adoptada por la ministra Cecilia Pérez como medida de refuerzo para prevenir el contagio del covid-19 en las unidades penitenciarias y centros educativos que tiene a su cargo.
La medida es tomada para evitar la aglomeración de personas para cumplir las recomendaciones de sanidad emanadas del Ministerio de Salud y Bienestar Social, y se extenderá del 18 al 26 de marzo.
Durante el periodo de restricción de visitas, sin embargo, podrán acceder a los recintos los funcionarios penitenciarios, profesionales de blanco y personas que no pertenezcan al Ministerio de Justicia cuya labor sea imprescindible en las tareas de este ámbito.
De igual manera, se tolerará el ingreso de voluntarios afectados a ONG y las entidades que prestan servicios a las penitenciarías.
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Otro grupo de personas que podrán acceder a los recintos penitenciarios son los abogados y defensores públicos, quienes por la naturaleza de su trabajo de asistencia jurídica tienen el derecho y obligación de contactar a los internos.
Empero, antes del acceso se harán los controles sanitarios que se encuentran en funcionamiento como la toma de temperatura corporal.
Por otro lado, quedan suspendidos los traslados de internos entre centros penitenciarios y educativos, a no ser que tengan motivos de salud o judiciales.
Medidas paliativas
Como medida paliativa o compensatoria, el Ministerio de Justicia ha previsto como manera de contrarrestar el estrés o la ansiedad que la restricción de ingreso de visitas causará a los internos, la realización de eventos deportivos y culturales como la organización de torneos deportivos, proyección de películas, concurso de karaoke, concurso de bailes y encuentros espirituales.
La ministra Pérez explicó, finalmente, que la prohibición de ingreso de personas fue adoptada a través de la Resolución Nº 267, en el marco del Decreto Nº 3442 “Por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (covid-19) al territorio nacional” y la Resolución Nº 250 “Por la cual se dispone la implementación de un plan de acción de manera inmediata, para la prevención, por riesgo de expansión del coronavirus en los centros penitenciarios y educativos del país.