El llamado a licitación para “contratación de servicio médico sanatorial integral” se realizó el 31 de marzo último y establece que la prestación de servicio será por G. 318.240.000.000 y tendrá una duración de tres años. El mismo debe cubrir a 12.000 funcionarios, con sus cónyuges e hijos hasta 22 años.
“Cabe mencionar que el costo presupuestado para cada funcionario es de G. 680.000, costo que se viene manteniendo desde hace 5 años y es proveniente de fuente de financiamiento 30, recursos institucionales. Se resalta que el monto presupuestado es inferior al tope establecido por ley de PGN en su artículo 219, de G. 1 millón”, dijo Porfiria Melgarejo de Ocholasky, secretaria general del gremio.
La gremialista recordó que el 11 de noviembre del 2010 fue vetada por el Ejecutivo (Fernando Lugo) la Ley Nº 4.130 que autorizaba la inclusión de funcionarios y magistrados al Instituto de Previsión Social.
El llamado a licitación causó gran indignación a la ciudadanía, no solamente por el elevado monto, como por el hecho de que tanto los ministros, los magistrados y altos funcionarios administrativos tienen suficiente capacidad económica para pagar sus respectivos seguros.
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Recordemos que para los ciudadanos que aportan al IPS, se les descuenta mensualmente el 9% de sus salarios, que sumados al aporte patronal de 16,5%, totalizan los 25,5% establecidos por la ley.
El Poder Judicial absorbe el pago del seguro médico a sus funcionarios, financiado con recursos institucionales. Paralelamente, se les descuenta, a los funcionarios, el 16% de sus salarios para la jubilación.