La acción fue promovida por un grupo de 15 abogados contra los decretos del Poder Ejecutivo, mediante los cuales se estableció y amplió, respectivamente, el aislamiento preventivo para evitar la propagación del covid-19 en Paraguay.
Los abogados argumentan en el escrito que tienen a su cargo “velar por la defensa de un derecho humano fundamental”, que es el de la defensa que una persona tiene en un proceso y a ser representada por un abogado de confianza, en cualquier ámbito, que requiera su presencia.
Sin embargo, añaden, desde que se estableció la emergencia sanitaria en el país, el martes 10 de marzo, no pueden trabajar debido a que tienen restringida la circulación y esto les impide trasladarse junto a sus representados para defenderlos.
Los accionantes consideran que los decretos 3.512 y 3.525, que establecieron medidas de restricción para la circulación durante la emergencia sanitaria por coronavirus, en todo el territorio, violan principios y garantías constitucionales.
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Errores de forma
El amparo constitucional fue presentado el pasado domingo, en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Asunción, y el juez penal de Garantías Miguel Palacios fue sorteado para entender la acción. Sin embargo, antes de darle trámite, el magistrado intimó a los abogados que presenten el escrito para que completen todas las firmas de los profesionales accionantes.
El expediente quedó a cargo de la jueza de Garantías de turno, Clara Ruiz Díaz, quien notificó sobre los errores de forma a los abogados. Al mediodía de ayer, estos presentaron otro escrito, en el cual explicaron que quienes no firmaron el documento son de ciudades del interior del país.
Luego de analizar los argumentos, la magistrada resolvió dar por iniciado el juicio y emplazó por tres días a la Presidencia de la República para responder la acción promovida por los profesionales abogados.
Hoy están de turno los jueces Cynthia Lovera y Raúl Florentín, por lo que el expediente quedará a cargo de uno de estos magistrados.
Si bien Ruiz Díaz ya emplazó al Poder Ejecutivo para que responda la acción, el Juzgado también podría solicitar informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; al Ministerio del Interior o a la propia Corte Suprema de Justicia sobre la posibilidad que los abogados puedan trabajar durante la cuarentena.
Congreso debe analizar subsidio
Los profesionales abogados esperan que esta semana el Poder Legislativo, aprovechando las sesiones previstas, analice el proyecto que presentaron para ser incluidos entre los que reciben el subsidio del Estado, ya que son los directamente afectados por la paralización de actividades judiciales debido a la crisis por coronavirus.
El pedido del sector es de un subsidio de G. 1 millón por tres meses y que este se extienda para unos 30.000 abogados “pasilleros” de todo el país, que no pueden trabajar a causa de la emergencia.