Con su duodécima suspensión, el juicio oral y público al expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) Rubén Darío Quesnel, se acerca a un triste récord registrado en el 2016, de un juicio que se suspendió 15 veces (Hugo Pucheta Valoriani, sobre homicidio culposo).
La primera convocatoria para este juicio se fijó para mayo del 2016, y desde entonces, la audiencia ha sido postergada una y otra vez, en su gran mayoría a causa de chicanas promovidas por la defensa.
El lunes último, Quesnel recusó a todos los fiscales de delitos económicos con el fin de aplazar su juzgamiento, pero no pudo hacerlo, porque el fiscal que se presentó para sostener la acusación, Hernán Galeano, no figuraba en la nómina de recusados.
En su afán de postergar la audiencia, el abogado Mario Peralta renunció a la defensa, pero el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Alfieri advirtió que no podía abandonar a su representado hasta que tuviera otro defensor.
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En estas condiciones, se dio inicio al juicio y las partes llegaron incluso a presentar incidentes de prescripción, cuyo rechazo ha sido solicitado tanto por el fiscal Galeano como por el querellante Maximiliano Mendieta, abogado de Tierraviva, representante legal de las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa.
Posteriormente, el Tribunal emplazó a Quesnel a que nombrara otro defensor y convocó a las partes para el jueves último, cuando nuevamente se postergó a raíz de una recusación presentada por el nuevo defensor, Elvis Balbuena.
Además de Quesnel, también están acusados por lesión de confianza y apropiación Marlene Mendoza, Éver Otazo, exadministradora y funcionario del Indi, en ese orden, y Óscar Viera, expresidente de la Fundación Reforeast Par.
Según la acusación, los involucrados se apoderaron de G. 3.127 millones que el Indi debía utilizar para compra de tierras para las comunidades Sawhoyamaxa y Yakye Axa del pueblo Enxet, en cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El retiro del dinero se realizó en cinco ocasiones en menos de un mes, entre el 11 de enero y el 6 de febrero del 2013.
SENTENCIAS INCUMPLIDAS
En el caso N° 12.313 “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, y el caso N° 12.419 “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió las sentencias del 17 de junio de 2005 y del 29 de marzo de 2006, respectivamente, por las cuales condenó al Estado paraguayo a indemnizar a las comunidades demandantes con G. 3 mil millones. Para dar cumplimiento a las sentencias, el 28 de marzo del 2008 se depositaron en dos cuentas en el BNF G. 504.237.527 y G. 2.622.954.285, totalizando G. 3.127.191.812, que es la suma desviada en el año 2013.