Los cargos son de estafa, lesión de confianza y producción de documento no auténtico.
Las juezas Rossana Maldona, Blanca Gorostiaga y Lourdes Peña explicaron que Rolando Maldonado realizaba arqueos de caja y justificaba los montos “maquillándolos” para presentarlos a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
También se realizaron supuestos pagos en concepto de capacitaciones sin documentación. Al respecto, el testigo Carlos Paniagua explicó que no llegó a realizar ningún curso.
Añadió que su función era la de guiar a los asociados en sus viajes internacionales.
Por su parte Ernesto Mereles manifestó que nunca enseñó en ningún curso de capacitación.
En cuanto al monto que alcanza el perjuicio económico causado por los estafadores, la jueza Peña informó que ronda los G. 360 millones.