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El 29 de agosto de 2016, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez presentó una acción de inconstitucionalidad contra un fallo de la Cámara de Apelaciones, que con votos de Pedro Mayor Martínez y Mirtha González de Caballero dejó sin efecto la condena y reenvió el caso para un nuevo juicio oral y publico.
En esa ocasión, se anuló la acusación del entonces fiscal Arnaldo Giuzzio (hoy senador).
El camarista Cristóbal Sánchez había votado en disidencia, por la confirmación de la pena por enriquecimiento ilícito.
Más de un año después, la Sala Constitucional sigue sin ser integrada siquiera, pese a los urgimientos del Ministerio Público.
El juicio se volvió a fijar para el 15 de noviembre, por lo que existe el riesgo de que el nuevo tribunal de sentencia, integrado por los jueces Jesús Riera, Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampo, utilice los argumentos de la Cámara y el caso quede en el oparei ante la falta de expedición de la Corte Suprema.
Además de esto, hay también riesgo de prescripción debido a que el caso data de hace más de 11 años y todavía no se define, ya que Félix Erico fue imputado en junio de 2006.
Sin embargo, las chicanas corrieron por parte de su defensa, y por este motivo la fiscalía argumentará la “teoría de los plazos muertos” donde se descuentan las dilaciones a las partes.
Ya la manito de la Corte se dio cuando la Sala Penal de la Corte, integrada por el ministro Sindulfo Blanco y los camaristas José Agustín Fernández y Antonia López, terminó por anular todo y reenviar para un tercer estudio en la Cámara de Apelaciones, que concluyó en la nulidad objetada hoy por fiscalía.