El letrado está preso desde diciembre de 2016 tras ser incluido en el proceso por tráfico de estupefacientes abierto a seis integrantes de una facción del cartel de Sinaloa, México, detenidos en la fecha mencionada en Villa Elisa, con 308 kilos de cocaína.
Liseras adujo ante la fiscalía que fue contratado para realizar una gestión como despachante de aduanas (está habilitado para el efecto) por uno de los procesados, Reinaldo Miranda, para la importación de unas maquinarias para molino de caña de azúcar y que facilitó su número de cuenta, escribano de por medio, para una transferencia de dinero.
Sin embargo, fue imputado por la fiscala Zully Figueredo por tráfico de drogas y asociación criminal.
Durante el proceso, la fiscala Zully Figueredo concluyó que no había certeza de culpabilidad de Liseras y pidió el sobreseimiento definitivo, explicó a ABC el abogado defensor José Wilfrido Escobar.
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Interín, esta fiscala fue recusada por otros procesados, La sustituyó la fiscala Lourdes Bobadilla, quien se opuso al sobreseimiento requerido por su colega, durante la audiencia preliminar del pasado 27 de noviembre.
Pero la Fiscalía General se ratificó en que no había certeza en la culpabilidad de Liseras, por lo que el juez Paublino Escobar le otorgó el sobreseimiento definitivo.
Sin embargo, sorpresivamente, fuera del plazo, según el abogado Escobar, el 9 de diciembre pasado la fiscala Bobadilla acusó no solo por asociación criminal, sino también por lavado de dinero, delito por el cual Liseras nunca había sido imputado.
La prisión preventiva
Liseras está hace más de un año preso, pese a que el lavado de dinero y la asociación criminal son delitos y permiten medidas sustitutivas. A eso se suma que el tiempo máximo de prisión preventiva sin condena es de seis meses. El caso no se resuelve porque el juez Paublino Escobar argumenta que debe entender su colega Humberto Otazú de lavado de dinero, lo cual es rechazado por este magistrado.