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Los visitantes explicaron que la empresa soporta la demanda civil luego de un hurto de mercaderías por más de G. 2.000 millones. Tras este hecho, el trabajador demandante Pablo Darío Ruiz fue desvinculado por el Ministerio Público del proceso penal de lesión de confianza, apropiación y hurto.
Bofferón aclaró que Cervepar, en primer lugar, no realizó la denuncia penal en la Fiscalía contra Ruiz, sino que fue contra persona innominada. Además, la querella adhesiva no persistió en la persecución penal, sino que se allanó a la decisión del Ministerio Público.
Aclaró que hubo un error material de transcripción cuando se puso equivocadamente en una resolución judicial que sobre Ruiz se insistía en la persecución penal, cuando debió ser nombrado Cristóbal Ortiz, otro de los exempleados de la firma.
A esto debe sumarse que la firma no le despidió a Ruiz, sino que fue él quien renunció a su puesto de operador de montacarga.
La demanda de daños y perjuicios está en manos de la Sala Civil de la Corte Suprema, que debe resolver si concede la indemnización al extrabajador o es la empresa comercial la que tiene la razón en el juicio.