Las tres magistradas ignoraron pruebas para liberar a dos peruanos acusados de ingresar al país más de 3 kilos de cocaína.
Del análisis del caso, la Asesoría Jurídica concluyó que el Tribunal de Sentencia integrado por Barboza, Rivas y Barrios, introdujo y exhibió pruebas en el juicio oral con respecto al ingreso de los dos extranjeros al país. Sin embargo, para blanquear a los acusados en la sentencia señalaron que no existen constancias de que los imputados hayan ingresado a territorio nacional.
“Se constata –prima facie– una incongruencia básica en lo refrendado preliminarmente, ya que entre las pruebas producidas se encontraban los pasaportes de los imputados, las constancias de ingreso del Departamento de Migraciones, entre otros”, refiere el documento que recomienda a los miembros del Jurado enjuiciar a las magistradas.
“Llama la atención que en la audiencia de sustanciación del juicio oral y público, las magistradas del colegiado de primer grado ordenan que ingrese por su lectura y exhibición las pruebas documentales, al punto que observamos que el tribunal sentenciador las admitió, para luego no valorarlas en la deliberación, bajo el supuesto de que no se hallaban en el expediente judicial ni en la carpeta fiscal, concluyendo que el hecho no fue probado”, acota el documento.
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“En el fallo, las juezas omitieron aplicar una norma esencial y básica en este tipo de menesteres, cual es la de valorar de manera armónica e integral las pruebas, como exige el artículo 175 de Código Procesal Penal (Sana crítica)”, dice el dictamen.
Enfatiza que “de manera elocuente, surge prima facie una contradicción ya que en la primera parte de la audiencia oral, sostienen que “sí existen (las pruebas a las cuales aludimos en este examen), pero cerrado el debate y la correspondiente deliberación y sentencia, concluyen para absolver que dichas pruebas “no existen”.
Hay indicios de mal desempeño, según los asesores que analizaron el caso.
El fallo del juicio oral fue anulado por el Tribunal de Apelación, pero ya no se podrá hacer un nuevo juicio debido a que los peruanos blanqueados salieron del país. Es por eso la gravedad del hecho, por lo que no se descarta la suspensión de las juezas.
Sin embargo, según fuentes, una senadora liberal estaría operando fuertemente para que las magistradas no sean procesadas.
Una de las juezas, Carmen Barrios, ya tiene un proceso por favorecer con medidas sustitutivas a la prisión a un acusado por el tráfico de 5 kilos de cocaína. El dictamen recomienda su remoción, según dijeron las fuentes.
Expectativa de pena, elevada
El 2 de setiembre de 2015 a las 12:45 los peruanos identificados como Juan Manuel Huaman Villanueva y Junior Abel García fueron detenidos en Ciudad del Este. En poder de los extranjeros se encontró una maleta en cuyo doble fondo se halló un polvo blanquecino de 3 kilos y 11 gramos, que sometido al narcotest dio positivo a cocaína.
La expectativa de pena por la introducción de droga al país era de 20 años de cárcel. Sin embargo, los acusados por el fiscal Manuel Rojas, fueron blanqueados por las magistradas.
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