Los comisionados indican que el contenido del manual supuestamente contradice la normativa vigente.
Villagra y Orrego indicaron que el Mecanismo de Prevención de la Tortura constató una política de prisión preventiva que provoca hacinamiento crítico en las penitenciarías del país, ocasionando el deterioro de las condiciones de vida digna, y con frecuencia los casos de tortura y malos tratos.
Además, los activistas presentaron a la titular de la Corte una propuesta de sistema de depuración de prisiones preventivas excesivas, infundadas e innecesarias. El proyecto busca que los jueces penales de garantías y de ejecución “racionalicen” la aplicación de las medidas cautelares de coerción personal en el proceso penal y que sean “de forma excepcional”.