Los G. 12.000 millones fueron asignados a Camilo Aníbal Recalde Dávalos, quien se desempeñaba en el Servicio de Asistencia Técnica de Senavitat.
Para perpetrar el desvío de fondos de la Senavitat se crearon las empresas constructoras CISA, a cargo de Luciano Barreto, que debía construir casas prefabricadas, y la constructora Área, de Hugo César Acevedo, encargada de las viviendas tradicionales.
Además de los citados, están procesados los extitulares de las cooperativas Mi Casita, Carol Patricia Turrini, y Carlos Valenzuela, de Ñapu’ã haguã, entre otros. Estas cooperativas recibieron el aporte de Senavitat y debían conceder préstamos a interesados en las viviendas, con un aporte previo del 5%, y ejecutar pólizas, cosa que no hicieron.