“Si no tenemos una fiscala como Loretta Lynch (destruyó la mafia en la FIFA), todo el sistema de corrupción que impera en Ciudad del Este va a seguir igual. El problema es que el esquema de lavado de dinero y otros ilícitos tiene la protección de políticos. Desde el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el Congreso Nacional, la Fiscalía General, la Policía Nacional y otras instituciones están metidas en este engranaje”, manifestó Olmedo, quien en el 2013 denunció a la empresa Global Logistic Solution por un caso de megacontrabando que no fue investigado por la protección del más alto nivel que tiene.
Justamente esta empresa es la cabecera del esquema de lavado de dinero que saltó la semana pasada, en que se investiga el envío al exterior a través de bancos de plaza de unos US$ 1.200 millones.
“Me di cuenta en el 2013 de que actué como un quijote cuando denuncié en Ciudad del Este el contrabando de Global Logistic Solution. Las presiones empezaron a llegar de todos lados. Incluso al fiscal que investigó la producción de documentos no auténticos, Marcelino González, el Jurado de Enjuiciamiento le destituyó en un mes”, dijo el abogado.
Agregó: “Según me dijeron durante aquel procedimiento en el 2013, la senadora liberal Zulma Gómez le había ordenado al fiscal González que desista de retener unos 20 camiones cargados con mercadería ilegal. El fiscal hizo su trabajo, y enseguida el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le destituyó tras una denuncia que realizó el exfiscal y luego abogado de Global Logistic, Juan Carlos Duarte”.
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La causa le sacaron al fiscal González por orden del adjunto Alejo Vera, y la dieron al fiscal de marcas Juan Marcelo García de Zúñiga –a pesar de haber sido recusado por el abogado Olmedo–, quien luego de dos horas ya entregó la carga completa a Global Logistic.
González luego de ser destituido como fiscal por el Jurado de Enjuiciamiento recurrió ante la Sala Constitucional de la Corte, que hace tres años no le da trámite a la acción de inconstitucionalidad planteada ante esta instancia.
La Sala Constitucional está integrada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña, quienes deben resolver primeramente si admiten o no la inconstitucionalidad que presentó González.