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Sánchez, quien fuera designado interventor judicial de APA el 27 de julio pasado, ya habría culminado su auditoría en la que detectó supuestamente un faltante de G. 2.082 millones.
El proceso a los directivos de APA es por el vaciamiento a la institución, denunciados en un primer momento por un faltante de casi G. 1.700 millones, pero el perjuicio sería mayor.
En ese entonces, Sánchez informó preliminarmente que el perjuicio a la entidad era de unos G. 1.854.367.349, a través del dinero extraído de los entonces directivos, de las cuentas de APA. Los saqueadores dejaron solamente en caja G. 358.900 en monedas.
El presidente de APA Alcibiades Roa fue imputado por lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio; Luis Barrientos, exsecretario general de APA, por lesión de confianza, apropiación, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos; a Librada Jiménez, exencargada de caja, por lesión de confianza y apropiación; y Cecilia Riveros, de Inspectoría, por lesión de confianza, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos.