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Anteriormente el caso estuvo a cargo del juez Humberto Otazú, quien se separó de la causa tras la ampliación de la imputación por tráfico de drogas, debido a que el juzgado a su cargo fue creado para la atención exclusiva de delitos económicos.
En su imputación por hechos vinculados al narcotráfico el fiscal Marcelo Pecci pidió la prisión de los hermanos Carlos Rubén (diputado suplente de la ANR), Ardonio y Denilso Sánchez Garcete, tras argumentar que los hechos son considerados crímenes y tienen penas de hasta 25 años de cárcel. La Fiscalía sostiene que los sospechosos no pueden justificar más de G. 15.000 millones.