La denuncia presentada por la Contraloría General señalaba un reporte de indicio de hechos punibles con un perjuicio patrimonial supuesto de G. 9.355.976.599.

A raíz de la denuncia, la agente del Ministerio Público solicitó una orden judicial a los efectos de verificar varios puntos denunciados por la Contraloría General.

Uno de los motivos del procedimiento fue la verificación y recolección de legajos respaldatorios de gastos en concepto de varios rubros, como el de alimentos para la merienda escolar tanto para el desayuno y el almuerzo, también en la construcción de pavimentos, construcción de un comedor en la Gobernación.

También se incluyó la búsqueda de un listado de cheques con cuyos respaldos no se contaba.

Todos estos hechos saltaron en el marco de una investigación al ejercicio fiscal 2012 y 2013 sobre gastos en diferentes rubros. El gobernador de Central de ese entonces era el liberal Carlos Amarilla, actual senador de la Nación.

La fiscala Acuña requirió los documentos para ir verificando si existió el millonario faltante denunciado por la Contraloría. Algunos de los papeles requeridos fueron encontrados y otros no, pero el actual gobernador departamental, Blas Lanzoni (PLRA), se comprometió a verificar las documentaciones faltantes y que serían remitidas en un plazo de cinco días.

La comitiva fiscal estuvo acompañada durante el allanamiento por funcionarios del Laboratorio Forense del Ministerio Público.