A la pena de 14 años fueron sentenciados los expresidentes de la Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra Vicésar; a 12 años Félix Villamayor, César Bejarano y Walter Delgado. Por su parte, Ricardo Pereira Poletti fue condenado a 10 años; a 8 años José Szwako, José Alonso y Pabla Mieres.
A 4 años fue condenado Cíbar Insfrán, en tanto que Gustavo Duré y Édgar Mengual Herken (síndico) fueron sentenciados a 3 años de pena privativa de libertad.
Se comprobó en el juicio oral y público que el daño patrimonial -que pone en peligro la jubilación de los trabajadores de la binacional Itaipú- fue cuantificado en por lo menos US$ 48 millones.
Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que la investigación inicial del perjuicio este fue señalado en unos US$ 176 millones, pero gran parte de este monto prescribió, especialmente por la inacción del exfiscal Sergio Alegre (quien renunció al cargo tras este escándalo).
Los US$ 48 millones fueron remesados a cuatro productos denominados Euro Invest, Génesis, Keystone y Unión Securities, para realizar supuestas inversiones en el extranjero. En tanto, las empresas fueron solamente de fachada, creadas en los papeles al solo efecto de recibir el multimillonario fondo de la Cajubi.
Además de los extraditados Marcelo Barone y su exesposa Elisabel Vázquez, está con pedido de extradición y prófugo en Canadá el guatemalteco Eduardo García Obregón, encargado de realizar las supuestas “inversiones” en el extranjero.
Paralelamente, se abrió otro proceso para Ronald Timcke y Rainner Huber (rebelde en la causa), por el lavado de US$ 6 millones.