Amplían acusación por apropiación contra exintendentes de Pinasco

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El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó a los exintendentes de Puerto Pinasco, los liberales Nelson Carreras y Digno Ramón Acosta, además de otros tres concejales, por otros tres hechos punibles que se agregan a lesión de confianza. Entre ellos figura apropiación, por el desfalco de más de G. 10.000 millones. Tres concejales aceptaron los cargos y ofrecieron reparación.

El agente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción habla de un perjuicio total de G. 10.278.134.643 en los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Los exjefes comunales se alzaron con los recursos genuinos, Fonacide y royalties, según la acusación penal.

Cabrera ya había acusado a Carreras y Acosta por lesión de confianza, y ayer agregó otros cuatro hechos punibles, producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos y apropiación. Pide la elevación a juicio oral.

Como cómplices de la lesión de confianza fueron acusados los concejales municipales José Alberto Carreras Insaurralde (hermano del exintendente), Luis Giménez Rodas y Esteban Antonio Ávalos Pereira.

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A su vez, se incluyó a los exfuncionarios municipales, Luis Alberto Irala, extesorero comunal; Domingo Ramón Arias, exsecretario general y exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Sergio Javier Martínez, de Secretaría General, en calidad de cómplices de producción y uso de documentos públicos de contenido falso y apropiación.

Por su parte y debido a su fallecimiento, el fiscal Martín Cabrera pidió la extinción de la causa con relación al concejal Néstor Alvarenga Arias.

Reconocieron daño

Los concejales municipales de Puerto Pinasco, Juan Bautista Román, Eligio Ruiz y Gustavo Adolfo Fernández, reconocieron el daño ocasionado y ofrecieron una reparación proporcional del perjuicio.

El Ministerio Público solicitó con relación a ellos la suspensión condicional del procedimiento a pruebas, con reglas de conductas y monto de reparación a ser determinado por el juez penal de Garantías de Villa Hayes, Chaco, Blas Cabriza.

El despojo de los recursos en la Municipalidad de Puerto Pinasco fue tan burdo que el Ministerio Público pudo comprobar la creación de empresas constructoras ficticias, a las que se destinaron millones sin siquiera licitación pública. La Contraloría General de la República corroboró la inexistencias de obras declaradas.

Además, se contrataron consultores fantasmas y se hizo figurar a mecánicos y choferes como “técnicos especialistas”.

A su vez, emblemas de estaciones de servicio negaron la existencia de relaciones comerciales con la comuna y se detectaron pagos por provisión de combustibles a empresas que ni siquiera existen físicamente.

También, la Municipalidad de Puerto Pinasco no emitió los comprobantes de ingresos por las transferencias recibidas en conceptos de Fonacide y Royalties, por lo que esos recursos sencillamente se esfumaron, entre otros hechos irregulares.