El 21 de marzo pasado, los fiscales Josefina Aghemo y José dos Santos ya habían imputado a la defensora general Noyme Yore Ismael y a los abogados particulares Sindulfo Aquino Alegre, Cristhian David Figueroa y Lorenzo Vera Gamarra por el hecho punible de usurpación de funciones públicas, en grado de autoría. Solamente la Corte puede designar a los defensores públicos de una terna elaborada por el Consejo de Magistratura.
Ayer se presentó la nueva imputación por usurpación de funciones públicas contra los abogados particulares “designados” defensores públicos, Vivian Ligth Valenzuela Galeano y Carlos Ramón Molinas Bernal.
Con relación a la defensora general y los abogados particulares Figueroa y Vera, la Fiscalía presentó una ampliación de hechos.
En el caso de la abogada Valenzuela Galeano, fue “designada” el 5 de agosto de 2013 defensora pública por Yore Ismael, para reemplazar a la defensora pública Karen Miska durante las vacaciones de esta, intervino en siete causas penales en el juzgado de San Pedro del Paraná.
En el caso del abogado Molinas Bernal, “designado” defensor público del 1 al 15 de setiembre de 2013, intervino en cuatro causas penales, en el juzgado de San Pedro del Paraná.
Ampliaron hechos contra ya imputados
La nueva imputación de la Fiscalía también revela que el ya procesado Cristhian David Figueroa intervino en 33 audiencias referentes a imposición de medidas cautelares, de revisión de medidas cautelares y de preliminares, a lo que debe sumarse otras 3 audiencias indagatorias. Su intervención fue en el juzgado chaqueño de Filadelfia.
Para el caso del imputado Lorenzo Ramón Vera Gamarra, la Fiscalía le atribuye en esta ocasión una intervención ilegal como defensor público en la ciudad de Alberdi, Ñeembucú.
La Fiscalía pide al juzgado penal de garantías a cargo de la jueza Gricelda Caballero, la imposición de medidas alternativas a la prisión y la imposición de G. 100 millones como caución real. El juzgado fijará fecha de imposición de medidas.
El delito de usurpación de funciones públicas se castiga con 3 años de cárcel.