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Quintana, quien pretendía que se realizara la audiencia con relación a ella en forma independiente de los demás procesados, apeló la resolución por la cual el juez Julián López rechazó su pretensión. En consecuencia, el expediente fue elevado al Tribunal de Apelación, 3ª sala, que hasta ayer no se había expedido sobre la cuestión.
Además de Bogado y Quintana, también están procesados con relación al caso el exdirector de gabinete del parlamentario, Miguel Ángel Pérez Núñez.
El juez López explicó que además de la cuestión procesal referida anteriormente, tampoco se presentaron Quintana ni Pérez. Indicó que este último justificó su inasistencia con un certificado médico que avala que se encuentra de reposo.
“Nosotros queremos hacer la audiencia cuanto antes, esa es mi posición personal para comenzar a socializar las barrabasadas que hacen a la acusación fiscal. Nosotros hemos presentado ya el incidente de sobreseimiento con la denuncia de los hechos punibles que han sido dejado de lado para acusar a Bogado, porque Gabriela Quintana, pobre, es una funcionaria que evidentemente ha cometido un error y lo digo no con el sentido de minimizar su conducta; pero esto no tiene por objeto esa funcionaria, sino a Víctor Bogado, pero hasta la maldad hay que hacerla con inteligencia y acá no ha habido eso”, expresó Óscar Latorre, defensor de Bogado.
La fiscalía acusa y pide juicio oral para Bogado y Pérez por estafa en calidad de autores y cómplices del cobro indebido de honorarios de Quintana.
La fiscalía sostiene que la mujer, exniñera de los hijos de Bogado, fue nombrada primeramente asistente de Bogado en Diputados, con un salario de G. 1.300.000, que percibió desde el 2 de julio hasta el 30 de setiembre de 2008. Luego fue nombrada como funcionaria permanente el 17 de febrero de 2010, cargo que desempeñó hasta setiembre de 2013, con un salario de G. 13.237.400.
En febrero de 2013, Pérez pidió la contratación de la mujer en Itaipú, cargo por el cual recibió una paga paralela de G. 8.739.300.
Escrache y desafuero
El primer intento de la Justicia de procesar a Víctor Bogado fue rechazado en el Senado en el 2013. Esta decisión mereció el repudio social, exteriorizado en constantes escraches a los parlamentarios que lo apoyaron y hasta prohibición de acceso a diferentes comercios, locales nocturnos, etc. A raíz de la presión social, el propio Bogado solicitó su desafuero.