La funcionaria fue acusada por supuestamente extorsionar para devolver una motocicleta incautada en un operativo de alcotest, pero resultó beneficiada con la nulidad de la elevación a juicio oral por parte de la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná, con votos favorables de Miriam Meza de López y Aniceto Amarilla. La tercera integrante, Martha Isabel Acosta Insfrán, fue disidente ya que tuvo el criterio de que la resolución de elevación “es inapelable”. El fiscal Dos Santos planteó una casación para que sea confirmada la elevación.
De acuerdo a los datos, Liz González fue sobreseída provisionalmente por la anterior fiscala de la causa, Fátima Capurro. Finalmente, el fiscal José dos Santos le acusó porque le había pedido G. 2 millones al propietario de una motocicleta incautada en un operativo alcotest.
Para el agente la propia Sala Penal de la Corte tiene el criterio de que el auto de elevación es inapelable con la siguiente postura: “En virtud del principio de progresividad que rige el proceso penal, el auto de apertura al juicio, al constituir una decisión que pone en marcha el procedimiento, es irrecurrible, en razón de que lo que eventualmente podría producir un gravamen a las partes puede ser saneado, corregido o rectificado en el juicio, por lo que al dictarse el auto precluye la fase de objeciones y reclamos”.