La víctima, cuyo representante legal es el hijo del ministro de la Corte Sindulfo Blanco, Ariel Blanco, relata la persecución y torturas sufridas entre 1956 y 1957, bajo sospecha de preparar un supuesto golpe. El magistrado resolvió hacer lugar al incidente de caducidad promovido por la Procuraduría General de la República.

El procurador adjunto Vicente Daniel Rodríguez precisó que la resolución representa un ahorro de G. 29.000 millones, teniendo en cuenta que han pasado 48 meses desde el inicio de la acción, ya que en caso de prosperar se fijaría un interés desde su inicio.