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Se trata de Julio César Paredes Bordón, quien precisamente ayer cumplió 37 años.
El delincuente había recibido el indulto presidencial el 8 de enero de 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, volvió a delinquir al año siguiente y cayó otra vez preso.
Sin embargo, los últimos datos sobre él dan cuenta de que el 4 de octubre de 2011 escapó del calabozo de la comisaría 22ª de Loma Pytã, donde estaba detenido por intentar robar una motocicleta.
Paredes Bordón fue plenamente reconocido gracias a la filmación de un testigo, quien grabó con su celular el asalto perpetrado el martes de mañana sobre la calle Luis de Granada casi Diagonal Molas, donde un vehículo Fiat Fiorino blanco de la cadena de minimercados Biggie fue interceptado por un coche Toyota Vitz azul, que fue robado una semana antes en San Lorenzo.
Del Toyota descendieron tres hombres armados con pistola, revólver y escopeta, quienes actuaron a cara descubierta y con guantes.
Los criminales redujeron a un empleado y a un guardia de seguridad, quienes transportaban G. 9 millones en monedas y billetes de baja denominación que iban a ser distribuidos en los locales de la cadena para ser utilizados como vuelto.
El testigo, que observó el atraco desde la vereda de enfrente, filmó claramente a los asaltantes y subió el video a las redes sociales, lo que a su vez ayudó a la Policía a localizar poco después en Zeballos Cue el coche azul. Asimismo, un automovilista que pasaba por el lugar también filmó el ilícito y entregó las imágenes a la Policía.
Este rodado se encontraba al mando de José Silva Marecos (24), quien en principio dijo que fue contratado para conducir el auto durante la huida, pero ayer las víctimas del hecho lo reconocieron como el maleante que actuó con la escopeta.
Sobre el tercer miembro de la gavilla, los agentes buscan identificarlo.
Los investigadores vincularon también a esta nueva gavilla con una serie de atracos, como el asesinato del guardia de seguridad Alicio Martínez Valdez (36), de la empresa de seguridad privada “Imperio”, quien fue eliminado en la madrugada del 2 de setiembre de 2013, cuando custodiaba el supermercado “Sacramento Súper” del barrio Santísima Trinidad de la capital.
Los antecedentes de las personas que van a ser indultadas son elaborados en el Ministerio de Justicia, luego pasan por la Corte y finalmente van al Ejecutivo.