El contralor general, Roy Rodgers Canás, había dispuesto el examen especial del Subprograma Nacional de Investigación Forense y Criminalística, sin perjuicio de su ampliación conforme al desarrollo del trabajo.

Para el efecto, fueron designados auditores Carmen Herrera, Andrés Benítez y Fernando Miltos, como jefe del equipo.

Sin embargo, Díaz Verón pidió su parecer a la asesoría jurídica teniendo en cuenta que está “blindada” su administración gracias a una acción de inconstitucionalidad que le otorgó la Corte.

De esta forma, así como muchos otros entes públicos, el Ministerio Público logró que su gestión sea “revisada” solo en el Tribunal de Cuentas, con la suspensión de los efectos de la Ley 2248/03.

En abril del año pasado, el fiscal general no brindó informes a la Contraloría, que pretendía realizar un estudio de correspondencia de bienes de los doce agentes anticorrupción y sus asistentes. Por otro lado, la CGR también realizará un examen especial a los ingresos y gastos de la Escuela Judicial, que depende del Consejo de la Magistratura.