Daniel Llano Benítez y Pedro Benítez Aldana, representando a jubilados de la Caja habían presentado un amparo judicial para evitar la subasta de inmuebles.
“Conforme al decreto, el estado en que se encuentra los trámites para la subasta de inmuebles están en proceso previo, en atención a que recién se designará al rematador adjudicado. Y una vez que se cumpla con este procedimiento, se publicará el pliego de bases y condiciones; posteriormente, se individualizarán los inmuebles con sus bases de venta y condiciones; o sea, recién estamos iniciando en la etapa de autorización administrativa”, explicaron.
“En torno a los inmuebles, todos pertenecen a la Caja Municipal y todos son de renta; es decir, generan pérdidas a la institución, ya que se deben pagar millonarios impuestos a las municipalidades, en concepto de limpieza y mantenimiento. En otros casos, fueron invadidos y la Caja Municipal se vio obligada a desalojar a los ocupantes en previo juicio que tienen gastos innecesarios”. señalaron. Agregaron que no existe ninguna asociación de rematadores que esté detrás de todo esto, conforme informaron a la Caja.