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Recalde explicó que pretenden iniciar un juicio de nulidad de embargo ejecutivo que afecta al inmueble que corresponde a la sede social, ubicada en Ñemby, tasada en US$ 2 millones.
La misma fue hipotecada por US$ 400.000 (G. 3.600 millones) a la firma Pac SA por anteriores directivos –todos acusados por el millonario desfalco– sin que dicho monto haya ingresado a las arcas de la entidad.
Recalde dijo que el embargo es a todas luces ilegal, pero para accionar le exigen pago de G. 75 millones en tasas, suma que no poseen, por tratarse de una entidad sin fines de lucro, ya muy perjudicada por las operaciones irregulares denunciadas.
A pedido del ministro José Raúl Torres Kirmser, se solicitó dictamen de la Dirección de Liquidación de Tasas antes de resolver.