Los fiscales Aldo Cantero y Victoria Acuña, además del embajador paraguayo en el Reino Unido, Genaro Pappalardo, el encargado de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Rubén Ortiz; el director jurídico de Itaipú, Luis Breuer, y el gerente general de la Cajubi, Gustavo Cáceres, participaron de la audiencia ante la Corte Suprema del Reino Unido.

También estuvieron presentes en carácter de intervinientes Peter Caldwell y Annie Condway, fiscales de Gran Bretaña.

Asistidos por dos estudios jurídicos, Marcelo Barone y Elizabel Vázquez basaron su defensa ante dos de los tres integrantes de la Corte que llevan el caso, en que las cárceles paraguayas no respetan el artículo 3 de derechos humanos de los europeos. Ambos tienen pasaporte del Reino Unido.

Sin embargo, la fiscalía paraguaya presentó documentos que demuestran que los presidios en Paraguay reúnen las condiciones adecuadas para el efecto, lo cual está garantizado por el Estado paraguayo.

“El tema de las cárceles está definido por fallos anteriores. Se requiere de celda individual que sea 3×3 y 9 metros cuadrados: presenté fotos y documentos firmados por las directora del Buen Pastor, Ana Dina Coronel, y el director de Establecimientos Penitenciarios, Julio Agüero, así como del mismo ministro de Justicia, Éver Martínez”, dijo Cantero a ABC en tono optimista. La decisión se conocerá en 15 días.

Los antecedentes del colosal fraude

Según la fiscalía paraguaya, Marcelo Barone y Elisabel Vázquez recibieron US$ 35 millones de la Cajubi para supuestas inversiones en bienes raíces en Miami, Florida, Estados Unidos, que nunca se realizaron. La pareja constituyó la empresa Euroinvest en complicidad con exdirectivos de la Cajubi, al solo efecto de perpetrar su vaciamiento.