Ambos son los defensores de Leandro José da Costa Neto y de los hijos de este, Bruno José da Costa Amaral y Andrés José da Costa Amaral. El primero está acusado pero con medidas alternativas a la prisión porque ya tiene 80 años de edad, mientras que el segundo está preso en la cárcel de Coronel Oviedo y el último permanece prófugo.
El enorme cargamento de bolívares (dinero venezolano) fue encontrado en la residencia de los procesados, pero sus abogados alegan que en ese momento la propiedad estaba arrendada por un brasileño identificado como Joaquín Becerra Albuquerque, cuya captura sería determinante para aclarar el suceso.
Los abogados Mendoza y Gómez acusaron, además, a la Policía y la Fiscalía de ser los verdaderos cómplices del contrabando de los billetes, ya que violaron la ley aduanera al omitir la comunicación de la incautación a esta institución idónea.
Sostuvieron que hubo un defecto de origen en el procedimiento, al pasar por alto esta comunicación a la Aduana, y dijeron estar confiados en que sus clientes eludirán una condena, debido a que ya excedieron los plazos para demostrar que hubo contrabando, que a su vez es el delito que dio pie a la acusación por lavado de dinero y asociación criminal que pesa contra padre e hijos. Mendoza admitió que sus clientes “tal vez quisieron negociar una comisión con la venta de la mercadería, pero no son los que metieron al país ese cargamento”.
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