Fueron procesados por el fiscal Alcides Corvalán, Nélida Huespe de Peralta, Celina Villalba de Lovera y Esteban Ferreira.
Según la imputación del Ministerio Público, el 2 de abril de 2011 los ahora imputados habían sido expulsados de la Asociación de Funcionarios Públicos, según el mandato de la asamblea. Sin embargo, en el 2014, Huespe de Peralta, Villalba de Lovera y Ferreira encabezaron unas elecciones paralelas a las oficiales. “Las elecciones fraudulentas e ilegales lograron confundir al Tribunal Electoral, segunda Sala, y así obtuvieron la validación de la reunión que realizaron, sin ser ellos miembros de la asociación”, dice la imputación.
El Tribunal Electoral, Segunda Sala, dictó el fallo N° 54/2014, por el cual validó las elecciones fraudulentas. Fue así que los imputados extrajeron del Banco Familiar fondos de la asociación por G. 1.200 millones.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por Acuerdo y Sentencia N° 4 del 7 de deciembre de 2015, anuló el fallo N° 54/2014.
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El juzgado dispuso que el fiscal Corvalán presente requerimiento conclusivo el 17 de abril de 2019.