Auditan causa que blanquea grave contaminación de río

Lo que se pretende con la medida es determinar si la actuación de la agente del Ministerio Público se enmarca o no dentro de las disposiciones legales que rigen en materia ambiental.

Los antecedentes revelan que la fiscala Martínez solicitó a la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, el 13 de octubre pasado, que haga lugar a la suspensión condicional del procedimiento a favor de Marcelo Ramón Gómez Mallorquín y Alcides Argüello Villalba. Ambos asumieron la responsabilidad por el derrame de combustible en la planta industrial de la empresa Copetrol, ubicada en San Antonio, y que incluso llegó al río Paraguay. El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2015.

Luego de más de dos años de “investigación” la fiscala pidió que los “investigados”, a quienes ni siquiera imputó, hagan una donación de 5 y 10 millones de guaraníes, respectivamente.

La agente del Ministerio Público se olvidó que se trata de una cuestión industrial y que en ese caso la ley eleva la pena hasta a diez años de penitenciaría. Es decir, de ninguna manera se puede blanquear la contaminación del río con una exigua donación por parte de los que asumieron la responsabilidad.

La fiscala también se “olvidó” de la directivos de la firma de la planta industrial.

Varios ambientalistas consultados por nuestro diario manifestaron que la petición de Martínez a la jueza Bracho es una vergüenza y que es una verdadera burla a la ciudadanía, a la cual representa el Ministerio Público.

“No se puede hablar de reparación de daño social con una donación de G. 15 millones por la contaminación del río Paraguay con combustible. Es inadmisible y una vergüenza”, enfatizaron los ambientalistas que dijeron que se tiene que revertir esta situación.