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Sawatzky, exgobernador de Boquerón, había sido condenado a 3 años y 7 meses de prisión por un desvío de G. 3.300 millones, y esta pena había sido ratificada por la Cámara. Tras la promoción de una casación por parte de la defensa del exgobernador, el expediente llegó a la Sala Penal en diciembre de 2015, y luego de tres años, la Corte declaró operada la prescripción y la consiguiente impunidad del procesado.
El Consejo de Superintendencia ordenó que la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional sea la encargada de realizar la investigación del caso de dilación extrema. Sin embargo, se duda que siendo los ministros de Corte los posibles morosos, puedan ser sancionados. Es más, posiblemente ni siquiera se dé a conocer el resultado de esta auditoría, tal como pasó con otros sonados casos en que la Corte había ordenado la realización de auditorías para determinar a los morosos.