La auditoría en la fiscalía se hará específicamente al Subprograma Nacional de Investigación Forense y Criminalística, sin perjuicio de su ampliación conforme al desarrollo del trabajo, refiere la resolución 363 firmada por el contralor general el 11 de diciembre pasado.

Fueron designados auditores Carmen Herrera, Andrés Benítez y como jefe del equipo el licenciado Fernando Miltos, “sin perjuicio de la incorporación de otros funcionarios en la medida de las necesidades”.

Por otro lado, también se realizará un examen especial a los ingresos y gastos de la Escuela Judicial, que depende del Consejo de la Magistratura. También afecta al periodo del año pasado.

Para esta tarea fueron nombrados la licenciada María del Carmen Báez, Manuel Gavilán y como jefa Ivonne Vallejos. La supervisión estará a cargo del licenciado Édgar Cáceres Fernández.

Lo que buscará la Contraloría es si las operaciones llevadas adelante por la Fiscalía y la Escuela Judicial están respaldadas con documentos y comprobantes legales. De esta forma, según la resolución, se pretende proteger el patrimonio del Estado.

El Ministerio Público había promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, para que la Contraloría no pueda revisar el uso de su presupuesto, al igual que numerosas instituciones públicas.

Sin embargo, según nuestra fuente, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, no pondría trabas al trabajo de los auditores designados por el contralor general.