Por el hecho, Lorena Delvalle y su concubino Anderson Ríos fueron imputados por el fiscal de Pedro Juan Caballero Martín Areco, quien les atribuyó la comisión de delitos de tentativa de homicidio, lesión grave, coacción sexual y coacción.

A su vez, las fiscalas Teresa Martínez y María Isabel Arnold, de la unidad especializada de Trata de Personas, que tiene jurisdicción nacional, también había imputado a la pareja por explotación infantil.

Como Delvalle y Ríos estaban prófugos, el fiscal Areco inclusive impartió orden de captura internacional.

Sin embargo, el juez Ramírez levantó la captura que pesaba sobre los imputados y los eximió de la detención, a pesar de que ambos eran prófugos de la justicia.

El sistema judicial de nuestro país no permite litigar desde la clandestinidad, por lo que el magistrado habría violado claras disposiciones legales. Es por eso que el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, ordenó una auditoría.

El estudio del expediente tramitado por el juez Ramírez está a cargo de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, cuyo director es el abogado Marío Elizeche. Ahora se espera el resultado de la auditoría, que evidentemente debe ser ampliada a los miembros de la Cámara de Apelaciones, atendiendo que estos, en dos resoluciones señaladas por el magistrado Ramírez, también permitieron que dos prófugos litigaran desde la clandestinidad.

Es una vergüenza cómo jueces y camaristas distorsionan la ley. Es por eso se espera el resultado de la auditoría y también que el Jurado de Enjuiciamiento tome medidas al respecto.