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Autoridades no saben nada de docente

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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La Policía Nacional y el Ministerio Público siguen buscando al docente Cecilio Rubén González Rodríguez, de 37 años, por supuestamente dar apoyo logístico a la banda que atacó el pasado 25 de octubre una camioneta, donde falleció el niño de 5 años Gabriel Giménez.

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Ayer se manejó la información de que supuestamente había una promesa de González de entregarse a las autoridades, pero esto no ocurrió.

El docente es buscado porque alquiló la vivienda del barrio Santa María de Asunción que sirvió de aguantadero a la célula del Primer Comando Capital (PCC) que realizó el atentado a balazos en el barrio Madame Lynch.

En el lugar, perdió la vida el niño Gabriel Giménez, y su padre William Giménez posteriormente se quitó la vida al ver a su pequeño muerto. El mismo era el blanco del ataque y conducía la Toyota Fortuner gris que recibió 21 impactos de dos fusiles calibre 7,62x39 mm.

Por este hecho están imputados y presos los sicarios Diego Niz Pérez (28 años) y Rony Maximiliano Román Ramírez (25), paraguayos, y Bruno Henrique Reis de Oliveira (35), brasileño sindicado como jefe de sicarios del narco Elton Rumich da Silva (33), alias Galán.

La banda criminal cayó dos días después del atentado, el 27 de octubre, en la casa que el docente Cecilio González alquiló en setiembre pasado en el barrio Santa María.

De acuerdo a los datos, el hombre también fue garante del alquiler de otra vivienda del barrio San Pablo, que utilizó el grupo.

Además, se supo que era el que realizaba los pagos en efectivo a los dueños de los inmuebles y se presentaba siempre trajeado, mostrando buen porte. Sin embargo, el docente nunca vivió en esos inmuebles, ya que residía en Villa Ofelia, de Fernando de la Mora. Salió de esa casa llamativamente el mismo día del brutal atentado, y sigue con paradero desconocido. Era director de dos colegios de la Capital, pero no ha vuelto a sus lugares de trabajo.

En total son 13 los celulares incautados

Trece celulares fueron incautados en el allanamiento del 27 de octubre pasado, donde cayeron los sicarios imputados por el homicidio del niño Gabriel Giménez (5 años). No todos estaban activos a una línea, y se cree que los aparatos eran descartados tras cada golpe. En cuanto a los números que sí estaban activos, el Ministerio Público pidió los registros a las compañías de telefonías celulares y serán convocadas las personas que aparecen como titulares. También se están realizando los cruces de llamadas con los registros suministrados.

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