Bajac fue imputado por cohecho pasivo agravado (coima) junto con al abogado Juan Carlos Ávila y el funcionario judicial Carlos Lesme, los dos últimos en calidad de cómplices.

La investigación fiscal se inició con la denuncia de la empresa Cal Agro SA, que se declaró víctima de una extorsión de parte del entonces ministro de la Corte.

Bajac supuestamente solicitó a Nery Páez y Liduvina Rodríguez, dueña de la empresa, que le paguen una fuerte suma de dinero para que junto al ministro Raúl Torres Kirmser fallen a favor de ellos en un expediente caratulado “Cal Agro SA c/ INC sobre resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios”.

La fiscalía montó una entrega vigilada de dinero que Rafael Ramírez tenía que recibir como adelanto.

El 5 de julio del 2018 se pactó la entrega de US$ 10.000 en la plaza que está frente al Palacio de Justicia.

Ramírez acudió al sitio y recibió el dinero, pero en ese momento fue detenido.

Bajac refirió en su declaración: “Recuerdo que tenía el expediente CAL AGRO SA a mi cargo (en la sala) integrada por el doctor José Raúl Torres Kirmser y el doctor César Garay, aclarando de que no fui el preopinante y posteriormente me adherí a las opiniones de Torres, por lo que niego categóricamente de que haya solicitado dinero alguno porque las citadas personas ni siquiera conozco”.

Bajac añadió que no tiene ningún tipo de representante, “ni nadie está autorizado a mencionar mi nombre por lo que en estas circunstancias niego que haya solicitado que un abogado o cualquier particular formalice un acuerdo a mi nombre; en ningún momento designé a alguien para que en mi nombre negocie”.