La denuncia de la presunta lesión de confianza, lavado de dinero y estafa se presentó en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción el 28 de febrero pasado, y sucesivas recusaciones a agentes fiscales por parte de los investigados por el fraude paralizaron las pesquisas.
Inicialmente, la causa recayó ante el fiscal Martín Cabrera, pero luego, tras la recusación por parte del gerente general de la Caja de Jubilaciones y pensiones Bancarios, César Rodrigo Amarilla, la investigación pasó a la unidad del fiscal Hernán Galeano, quien igualmente fue recusado, así como sus colegas Claudia Morys y el fiscal adjunto Federico Espinoza.
La carpeta fiscal la tiene actualmente la fiscala Victoria Acuña, de quien espera realice las diligencias que correspondan para dilucidar los hechos denunciados.
Antecedentes de este caso
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Según un informe de auditoría, la empresa Karaku SRL, encargada de conceder préstamos a los afiliados de la Caja Bancaria, movió en el sistema financiero, en particular, con esta institución de los jubilados, en un lapso de 6 meses, la suma de G. 13.000 millones, refiere la denuncia presentada ante la Fiscalía.
La irregularidad se inicia cuando se dispone que Karaku, que fue creada en el 2016 para conceder préstamos preferenciales a los afiliados con interés del 9% al 18%, debía funcionar solamente por cuatro meses, desde abril a agosto de 2016.
Sin embargo, Karaku siguió funcionando como financiera hasta el 1 de noviembre de 2016, sin permiso del Consejo de Administración, concediendo los créditos ventajosos a los afiliados de la Caja.
Esta práctica irregular provocó a la Caja Bancaria un perjuicio de más de G. 401.300 millones, que es lo que dejó de percibir al no otorgar los préstamos a sus miembros, según los últimos informes a los que accedieron los denunciantes.
Amarilla, además de ser el gerente general de la Caja de Jubilados Bancarios, también, según las investigaciones, sería el presidente de Karaku SRL.
Además, se habría utilizado dinero de la institución que aglutina a los trabajadores bancarios, y no habría retornado como ganancia.
La denuncia ante el Ministerio Público la presentaron el licenciado Amancio Abel Florentín y Gerardo Valiente, de Centro de Jubilados y Pensionado Bancarios y de otras Instituciones Financieras del Paraguay, que también es una organización que está adherida a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios.