El bombero fue imputado por el agente junto a Rafael Valdez, presidente del directorio del CBVP, y el miembro Daniel Aquino.
Gini alega “parcialidad manifiesta” del fiscal hacia la querella adhesiva, que –según él– carece de legitimación.
Además, aduce que fue incluido en la ampliación de la imputación luego de dos años de que concluyera la investigación con los correspondientes requerimientos, entre otras cosas.
Según el fiscal, Valdez y Gini abonaron en 2015 a su personal dependiente unos G. 415.005.869, lo que representó el 51% del total presupuestado en este concepto. Además, Aquino fue imputado como cómplice de la estafa, por la compra simulada de equipos de seguridad para bomberos por G. 1.129 millones.
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