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Amarilla llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas como interino de su colega Rubén Ayala Brun (suspendido). El magistrado realizó la diligencia con relación a Valdez y al también imputado Miguel Ángel Riera Manzoni, miembro del directorio.
El fiscal Ángel Ramírez no solicitó prohibición de ingreso a la institución con relación a ambos, explicó Amarilla. Por ello, el magistrado no impuso esa medida, sino una fianza de G. 700 millones a Valdez y de G. 400 millones a Riera.
La querella adhesiva pidió en dos ocasiones que se prohíba el ingreso de los procesados al recinto del CBVP, debido a que siguen manejando G. 1.300 millones transferidos por Hacienda.
En la imputación contra Valdez y otros diez miembros del directorio, el fiscal indicó que los mismos simularon compras de equipos para el Cuerpo de Bomberos y que hicieron constar una donación como si hubiera sido una adquisición con dinero del presupuesto.
La producción de documentos no auténticos se configuró porque supuestamente se utilizaron notas de presupuestos de las empresas Indalco SRL y Regimiento 8, cuyos comparativos de precios serían no auténticos, a efectos de justificar presuntas adquisiciones realizadas por G. 967.480.000 entre los meses de mayo y diciembre de 2015 a la empresa Circumpunto, que tiene como propietario al bombero Daniel María Aquino Rivas. El CBVP tenía un presupuesto de G. 1.000.000.000 para la compra de equipos de seguridad. Sin embargo, ninguna de las 75 compañías de bomberos recibió los 6.587 equipos (cascos, chaquetones, zapatones, guantes, etc.) supuestamente adquiridos.
También se imputó porque la firma Aleaciones Yguazú donó una camioneta Ford Transit 2011, valuada en unos G. 91 millones, pero se hizo figurar como compra con dinero del presupuesto.