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Bomberos ratifican que hubo una feroz “tragada”

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) ratificaron la feroz “tragada” que habrían perpetrado los directivos actuales de esta institución. La denuncia refiere que habrían desviado la mayor parte de los G. 9.777 millones que le transfirió el Estado en los ejercicios fiscales del 2014 y 2015. Inventaron compras, no pagaron sueldos y sobrefacturaron.

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Ante fiscalía se presentaron Gabriel Taddey Olagüe, síndico titular del CBVP; el capitán Emigdio Benítez, comandante de la 2ª Compañía de Trinidad; y Ciriaco Riveros, del Cuerpo de Bomberos de Minga Guazú, para ratificar la denuncia de corrupción que radica en la unidad de Ángel Ramírez.

Benítez explicó que el Cuerpo de Bomberos recibió G. 9.777 millones del Ministerio de Hacienda por los ejercicios fiscales del 2014 y 2015, de los que se tiene fundada sospecha que la mayor parte habría sido desviada a favor de los miembros de la directiva actual.

Benítez dijo que para el ejercicio fiscal 2015, el CBVP tenía presupuestados G. 1.000.000.000 para la compra de equipos de seguridad. Sin embargo, ninguna de las 64 Compañías de Bomberos recibieron los equipos (cascos, chaquetones, zapatones, guantes), pero los directivos informaron a Hacienda que se gastaron G. 967.480.000, en las mencionadas compras de la empresa adjudicada, propiedad de Daniel María Aquino Rivas, quien en el periodo 2014-2015 se desempeñó como segundo comandante nacional de bomberos.

Los denunciantes acusan que esta firma no posee la capacidad económica para realizar las compras, no tiene domicilio específico, infraestructura ni las documentaciones de las compras.

En el periodo 2014-2015 se compraron supuestamente cubiertas y cámaras de aire por G. 400.370.000. Sin bien se hicieron algunas compras, pero en una cantidad y precio inferior a la que declararon los directivos, refieren.

También se malversaron unos G. 27.800.000 en la supuesta compra de 10.920 botellas de agua mineral que nunca llegaron a las compañías de bomberos.

Los directivos se habrían quedado con unos G. 397.212.333 de los G. 812.218.201 presupuestados para el pago de salario. Tampoco se distribuyeron unos G. 53 millones a las compañías, unidades o destacamentos de bomberos.

Los denunciados son Rafael Valdez (presidente), Luciano Florenciáñez (secretario), Mario Gini (tesorero), Daniel Rivas (excomandante), Elías Ramírez (excomandante), Julio Maíz (exsíndico) y Ramón Grange (exsíndico).

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