Bajo el patrocinio de los abogados Jorge Vasconsellos y Evelio López fue presentada la inconstitucionalidad a favor de Walter Bower y se pide a la Corte que informe al juzgado del trámite de dicha acción, para que se suspenda la orden dictada contra el exministro de tener que presentarse a cumplir el arresto.
El juez Gustavo Amarilla, esta semana intimó a Bower por el plazo de 48 horas, para que se presente a la guardia del Poder Judicial a cumplir el arresto de 48 horas, que se le aplicó por ser litigante de mala fe.
Ahora la defensa del exministro del Interior comunica que presentó una acción de inconstitucionalidad que hace que se suspenda el cumplimiento de la sanción hasta que se resuelva la inconstitucionalidad.
Una vez notificado el juez Amarilla dictó una resolución en la que señala que queda suspendida la medida de sanción hasta que quede firme.
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Litigante de mala fe
El 9 de mayo pasado en una audiencia preliminar el juez Gustavo Amarilla decidió sancionar a Walter Bower por ser litigante de mala fe debido a las innumerables chicanas que viene presentado desde hace 18 años en el proceso que se le abrió por hechos de torturas junto a los excomisarios Merardo Palacios y Osvaldo Vera y Basilo Pavón, quien ya falleció.
La medida fue que Bower guarde arresto de 48 horas en la guardia del Poder Judicial. La defensa del procesado apeló la medida y la Cámara de Apelación, el 19 de mayo confirmó el fallo del juez Amarilla.
El lunes, el magistrado intimó a Bower a que se presente en el lapso de 48 horas a cumplir con el arresto, pero ahora la defensa del procesado le hace saber al juez que presentó una acción de inconstitucionalidad que vuelve a postergar la sanción.
De esta manera, hasta que la Sala Constitucional de la Corte no se expida sobre la acción presentada por Walter Bower, el arresto queda suspendido.
A lo largo del proceso por torturas que se le sigue a Bower, la Corte siempre fue un “aliado”, ya que cada vez que el expediente fue tratado por la máxima instancia quedó guardado por años.
Dilatado proceso
El caso se inició en el 2000 cuando detuvieron al comisario Alfredo Cáceres y a Jorge López, acusados de encabezar un golpe de Estado y fueron torturados por Merardo Palacios, Osvaldo Vera y Basilio Pavón (ya fallecido), todo bajo las órdenes de Bower.