Buzarquis ya evitó siete veces la realización de esta audiencia en la cual se debe definir si la causa se eleva a juicio oral.

Desde agosto del año pasado se intenta llevar a cabo esta diligencia judicial.

En esta ocasión, Buzarquis planteó una apelación general ante la Sala Penal de la Corte contra la resolución de la Cámara que rechaza apartar del caso a la jueza María Gricelda Caballero.

El nuevo recurso dilatorio fue presentado por el abogado defensor José Domingo Almada, pese a que este tipo de planteamientos son rechazados por inadmisibles por la Sala Penal de la Corte.

La Sala Penal no sanciona a los abogados litigantes de mala fe. Solamente realizan una tímida advertencia a quienes buscan dilatar los procesos.

Según la acusación de la fiscala Victoria Acuña, en ocasión de desempeñarse como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Buzarquis causó un perjuicio de US$ 600.000 al Estado al firmar un convenio con la empresa ANAS, para estudio de suelo en el Chaco y el departamento de Ñeembucú.

Este acuerdo, suscrito en el año 2012, era innecesario porque el estudio ya había sido realizado.