Cámara confirma juicio oral para Camilo Soares

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La Cámara de Apelaciones ratificó que el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares deberá afrontar juicio oral y público por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.224 millones mediante la compra sobrefacturada de alimentos.

Los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Emiliano Rolón Fernández ratificaron la resolución del juez penal de garantías Paublino Escobar de fecha 22 de abril de este año.

Los abogados Álvaro Arias y Guillermo Weiler, representantes de Soares y del coacusado Alfredo Guachiré, exdirector de Contrataciones de la SEN, habían pedido la nulidad del fallo por acusación extemporánea, cuestión prejudicial, entre otros puntos. El Tribunal de Alzada ratificó que el auto de apertura a juicio oral y público es “inapelable”.

“Sobre la posibilidad impugnatoria del auto de apertura a juicio, esta sala tiene sustentado, en líneas de fallos uniformes y coincidentes, que por construcción del sistema el decisorio no merece atención en lo sustancial ante el órgano de alzada, en primer término porque en cumplimiento de los principios de oficiosidad y progresividad, permite la continuidad de los actos del procedimiento y, en segundo término, porque ni siquiera pueden causar ‘agravios irreparables’ en razón de que aún pueden realizarse correcciones vía incidental, ante el tribunal de sentencia en el acto procesal de enjuiciamiento público, conforme al control horizontal y vertical que este ejerce sobre todas las etapas anteriores”, se desprende de la resolución de la cámara.

La defensa de Soares, para seguir impidiendo el normal desarrollo del proceso por lesión de confianza, presentó una excepción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la imputación fiscal.

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El Ministerio Público sostiene que la SEN tuvo un perjuicio patrimonial de G. 1.224 millones durante la administración de Soares, entre el 15 de agosto de 2008 y el 23 de abril de 2010.

“Si la SEN adquiría coquitos secos de la empresa Supermás, que mantuvo su precio de oferta a G. 5.990 durante todo el año 2009 y que fue el precio que de hecho favoreció a la SEN, se hubiera evitado un perjuicio patrimonial de G. 261.309.600”, refiere la acusación. Sin embargo, la firma Orion Group fue la intermediaria que vendió a G. 9.074 el kilo, aparece entre los puntos de la acusación.