Los camaristas Gustavo Ocampos, Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez declararon inadmisible la apelación de Sánchez contra la resolución que, además de elevar la causa a juicio, rechazó sus incidentes de sobreseimiento definitivo y provisional.
La acusación presentada por el fiscal Luis Piñánez señala que en diciembre del 2016 Sánchez recibió G. 40 millones como “seña de trato” de un pago de US$ 30.000 que exigió al propietario de la empresa Abialor Paraguay, Julio Alcaraz, para evitar la expropiación de un inmueble de 4.823 hectáreas. Inicialmente, la suma requerida fue de 55.000 dólares.