Cámara estudia recusación

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El contralor general de la República, Enrique García, recusó a la jueza penal de garantías N° 2, Lici Teresita Sánchez, a fines de marzo. Es porque la magistrada solicitó su desafuero y luego admitió la imputación por uso de documentos no auténticos, derivado de la falta de apelación de un fallo arbitral donde la Municipalidad de Asunción fue condenada a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur.

La imputación que dio origen al proceso, realizada por el fiscal Leonardi Guerrero (también recusado), afirma que García, en su carácter de exdirector jurídico de la Municipalidad de Asunción, utilizó un escrito que tenía firmas adulteradas y con el que se pretendía hacer creer que se apeló el fallo de un tribunal arbitral que condenó a la Comuna a pagar US$ 3,6 a la firma Ivesur.

Además de García, también han sido procesados por el caso Rodolfo Duarte, auxiliar de asesoría jurídica de la Comuna capitalina, y el abogado Julio González, jefe de archivo.

El estudio de la recusación está a cargo del Tribunal de Apelación primera sala, integrado por Pedro Mayor, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander.