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Los camaristas José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez votaron por hacer lugar a la apelación de la defensa del político de frontera. Fue disidente José Waldir Servín.
El 7 de julio pasado, el juez penal de garantías Humberto Otazú le había denegado la libertad a Chicharõcito, pero le otorgó arresto domiciliario.
Por su parte, el fiscal Marcelo Pecci se opuso a la libertad del procesado y también al arresto domiciliario. Finalmente apeló la medida porque consideraba que el mismo puede fugarse porque ya fue acusado por hechos punibles vinculados al narcotráfico, y cuenta con pedido de prisión preventiva al ser considerados crímenes.
El Tribunal de Apelación, por su parte, tuvo en cuenta que la calificación en este proceso es lavado de dinero (se discute aún la aceptación de los otros hechos) y Denilso Sánchez completó en junio pasado seis meses en Tacumbú que es la pena mínima establecida para el delito.
“Sostengo esta posición en todos los casos. Cuando se cumple la pena mínima establecida para el tipo penal corresponde la libertad. Hago mis votos basados en la Constitución Nacional y las leyes y, además, hay jurisprudencia de la Corte que ratifica mi parecer”, señaló ayer José Agustín Fernández, quien fue preopinante y a cuyo voto se adhirió su colega Cristóbal Sánchez.
En estas mismas circunstancias la misma Cámara había otorgado la libertad a los demás coprocesados, Carlos Rubén y Ardonio Sánchez Garcete.
Para el Ministerio Público, los hermanos Sánchez no pueden justificar más de G. 15.000 millones de su patrimonio.
En una ampliación de imputación, se intentó incluir hechos punibles vinculados al narcotráfico, pero esto no fue aceptado por Otazú y pese a que ya se acusó, la causa no aún no tiene magistrado.