Los camaristas Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín rechazaron una apelación general patrocinada por los abogados Édgar Melgarejo y Javier T. González. Estos se alzaron contra un fallo del 1 de agosto pasado, del juez Hugo Sosa Pasmor, en el que descartó una excepción de falta de acción.
En ese entonces, el juez de primera instancia definió que el proceso a cargo de su colega Gustavo Amarilla tiene relación con el incremento del patrimonio del excomandante en el periodo en que se materializó el fraude de los combustibles (más de G. 1.100 millones). Es decir, entre abril y mayo del 2015, y el que está a su cargo es por el periodo anterior al fraude, específicamente del 2005 al 2015. Además, la causa a cargo de Amarilla es por lesión de confianza. El fiscal de Delitos Económicos Igor Cáceres pidió el rechazo de la apelación.
El tribunal de segunda instancia le da la razón a Sosa Pasmor y refiere en su resolución: “Que, en estas condiciones concluimos que no concurre en el presente caso el principio “non bis in idem”, previsto en el Art. 8 del Código Procesal Penal, en concordancia con el Art. 17 inciso 4 de la Constitución Nacional, razón por la cual corresponde confirmar la resolución recurrida”.
La Fiscalía reveló que el excomandante declaró en el 2013 un patrimonio de G. 226 millones, pero al dejar la comandancia en 2015 tenía G. 2.400 millones que no puede justificar. Su hijo Francisco, dueño de un lujoso automóvil Mercedes-Benz, está imputado por lavado de dinero. Por las chicanas, nunca pudo imponerse la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
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