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Rolón y Martínez Prieto otorgaron la absolución de los 11 condenados por el caso de la masacre, actuando como miembros de la Sala Penal de la Corte, ante la inhibición de los ministros de la máxima instancia judicial. El tercer integrante de esta sala, el camarista Cristóbal Sánchez, había votado en disidencia, para que la causa fuera reenviada y se realizara un nuevo juicio oral.
La acusación presentada por la fiscala general, Sandra Quiñónez, señala que a pesar de que los condenados fueron procesados por distintos hechos punibles, los camaristas anularon el caso utilizando el argumento de que no se pudo probar el homicidio doloso.