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Ovelar y Meza de López, a través de una sugestiva resolución, favorecieron al contador Ignacio Urbieta con la prejudicialidad del caso en el que está imputado como cerebro de la millonaria evasión. La camarista Marta Acosta votó en disidencia con sus colegas.
A fin de que los dos camaristas allanen el camino para la impunidad de Urbieta se habrían prestado a la maniobra de políticos de Alto Paraná vinculados con miembros del Jurado de Enjuiciamiento. Los dirigentes colorados supuestamente prometieron a los jueces que no serían procesados por el órgano juzgador, presidido por el senador colorado Óscar González Daher, quien llamativamente hasta ahora no dispuso la apertura de una investigación, pese a la gravedad del hecho cometido por Amarilla y Meza de López.
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, el viernes pasado, ordenó una auditoría a la gestión de los dos miembros del Tribunal de Apelación del Este.
La medida adoptada por Benítez Riera es plausible y ahora se espera que la auditoría concluya rápido, para que los magistrados sean sancionados si se comprueba que actuaron al margen de las disposiciones legales. Sobre todo si violaron la ley para ceder a los pedidos de los políticos del Alto Paraná.
Amarilla y Meza de López ya habían beneficiado a Urbieta con la reclusión domiciliaria. En aquella ocasión ya se habló de la intervención directa de miembros del Jurado de Enjuiciamiento, quienes incluso habrían querido influenciar en la postura de los fiscales que atienden el caso.
Fiscalía General
El camarista Aniceto Amarilla y su colega Miryan Meza responderían al político colorado Javier Zacarías Irún, quien en reiteradas ocasiones fue acusado de manejar el Poder Judicial y el Ministerio Público del este del país, al igual que su hermano el gobernador de Alto Paraná, Justo Zacarías.
Amarilla, según fuentes, forma parte del grupo político de Javier Zacarías y era un activo militante hasta que fue designado magistrado.
El citado camarista ahora aspira nada menos que a la Fiscalía General del Estado y su nombre figura entre los 103 candidatos que presentaron su carpeta ante el Consejo de la Magistratura.
Si el mismo llega a la titularidad del Ministerio Público, gracias a sus amigos políticos, la ciudadanía no tendría ninguna garantía de su objetividad en el cargo, así como exigen las leyes.
La megaevasión
Los antecedentes del caso revelan que la denuncia de evasión fue realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación, que refirió la producción de documentos públicos de contenido falso por US$ 270 millones.
LA DENUNCIA
Según la denuncia, 13 proveedores que serían “fantasmas” otorgaron facturas truchas por montos millonarios a 285 contribuyentes.
“Se identificaron significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes”, refiere la denuncia de Tributación.
La investigación de Tributación corroboró que hay un total de 285 contribuyentes (clientes) que utilizaron las facturas de presunto contenido falso por un total de 1.539.143.584.607 guaraníes (unos US$ 270 millones).