El político compareció ayer a su audiencia de reposición con la jueza Lici Sánchez.
Por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, Soares señaló que no podía ser convocado a su audiencia preliminar, porque planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la propia resolución de Sánchez (quien indicó que debía rehacer la audiencia) y la de la Cámara, que revocó ese fallo e indicó que en realidad la diligencia empezada por el anterior juez, Pedro Mayor Martínez, debe continuar.
La magistrada rechazó ayer la reposición de Soares, porque la providencia no burla ninguna norma legal y el planteamiento de la acción ante la Corte es un acto externo y es un “derecho en expectativa” del encausado.
Sin embargo, la audiencia prevista para esta mañana, tanto para Soares como para el exdirector de contrataciones de la SEN, Alfredo Guachiré, no se realizará porque la reposición fue planteada con apelación en subsidio y esta mañana será remitido el expediente a la Cámara.
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La audiencia preliminar se inició en diciembre del año pasado, y la fiscala Victoria Acuña había ratificado su acusación y pedido de elevación a juicio oral por la supuesta sobrefacturación de alimentos. El perjuico fue de G. 1.200 millones.
A Soares, el juez Mayor Martínez ya le impuso una sanción de multa de G. 8.500.000 por dilatar en exceso su proceso. Esta medida disciplinaria fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, pero no alcanzó a su equipo de abogados, encabezado por Álvaro Arias.
La causa se inició con la imputación por una presunta sobrefacturación de unos G. 4.200 millones y fue impulsada por el exfiscal Arnaldo Giuzzio, el 14 de abril de 2010.
Inclusive, se intentó “blanquearlo” en una preliminar anterior, pero Mayor Martínez dio trámite de oposición y en julio de 2011, la fiscala adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público por compras sobrefacturadas por valor de G. 1.224.976.100.